Cracks! Bolivia marca el fin de una era económica con la reciente y drástica eliminación de la subvención a los combustibles. La medida, que empuja el precio del diésel y la gasolina a niveles del mercado internacional, representando una realidad fiscal indispensable pero lamentablemente tardía.
Mantener un subsidio generalizado que le costaba al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales (casi 55 millones semanales) se había vuelto insostenible para las reservas del país. Sin embargo, extirpar este tumor financiero ha liberado un efecto secundario inmediato y devastador:
Una creciente espiral inflacionaria que amenaza con devorar el poder adquisitivo de la población…

Se debe entender que el combustible no es un bien aislado, es la sangre que moviliza el aparato productivo nacional. Al subir el diésel en más de un 160% y la gasolina en un 86%, los costos de transporte, logística y producción agropecuaria sufren un impacto directo que los afecta en cascada.
El fantasma de una inflación que se proyecta cercana al 20%, deja de ser una suposición de estimación macroeconómica para pasar a convertirse en una realidad cotidiana en los mercados de alimentos del país. Cuando el costo de flete sube, la canasta básica es más cara, golpeando con fuerza y de forma desproporcionada a las familias de menores ingresos, quienes destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia diaria personal o de sus familias. Ante este panorama, la gran pregunta ya no es si ¿Se debió quitar o no la subvención?, sino ¿Cómo mitigar la inflación resultante?, con el fin de evitar un colapso social en el país.

La solución no debe ser volver al modelo distorsivo del pasado que duró casi dos décadas siendo una bomba de tiempo para dejarnos en la situación actual, misma que alimentaba al contrabando fronterizo y fomentaba a la corrupción. La solución debe enfocarse en aplicar de forma inteligente una estrategia de «Freno de mano» fiscal y productivo.
- Los recursos ahorrados por el fin de la subvención, NO pueden diluirse en el gasto corriente del aparato estatal, deben reconducirse de forma inmediata a subsidios de carácter directo y focalizado. Es urgente estructurar transferencias condicionadas o compensaciones específicas para el sector del transporte público y los pequeños productores agrícolas independientes, garantizando que el incremento de los carburantes no se traslade de forma lineal al precio del pasaje de transporte urbano ni al de los productos agrícolas de primera necesida.
- Incorporar y fomentar a la producción alternativa de carburantes y derivados a partir de materiales reciclados, diversificando la matriz energética y mitigando la inflación al sustituir importaciones costosas por soluciones locales de economía circular, mediante políticas legales, técnicas y fiscales que incentiven la inversión privada sin trabas burocráticas que afecten su implementación y funcionalidad.
- Se necesita un plan agresivo de incentivos fiscales para la reconversión energética. La verdadera soberanía e inmunidad inflacionaria se logrará acelerando la transición hacia la electromovilidad urbana y de la misma forma promoviendo el uso de biocombustibles locales alternativos, reduciendo de raíz la dependencia crónica de hidrocarburos importados que hoy se compran a precios de guerra y se revenden en un mercado interno convulsionado.
- La estabilidad requiere certidumbre. El Banco Central y el Ejecutivo deben acompañar el reajuste de precios a través de una política cambiaria TRANSPARENTE que permita eliminar la brecha del mercado paralelo de divisas, la cual actúa como un multiplicador del pánico inflacionario.
Gobernar a partir de la realidad económica implica asumir decisiones y costos difíciles. Retirar la subvención fue una decisión estructural compleja que ahora requiere medidas de estabilización urgentes. La inflación generada por el combustible solo se frenará si el Estado demuestra su capacidad técnica para lograr transformar el ahorro fiscal en una red de contención productiva real.

Las líneas que redacté, son una observación reflexiva y una propuesta que nace a partir de mi preocupación por el rumbo económico de mi amada Bolivia. Como ciudadano boliviano que vive y siente los cambios dinámicos de nuestra realidad, considero que el debate sobre los hidrocarburos no debe cerrarse con el fin de la subvención, más al contrario debe abrirse a soluciones audaces, sostenibles y desburocratizadas que protejan el bolsillo de nuestras familias.
Cracks, este artículo de opinión es mi contribución al diálogo urgente que Bolivia necesita para superar la crisis y que construir un futuro de verdadera estabilidad sea una realidad posible…